El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, fue detenido este viernes en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los llamados bonos consumo en distintos municipios de la provincia, una causa que volvió a sacudir al empresariado alicantino y abrió una fuerte controversia política por el manejo de fondos públicos destinados a sostener al comercio local. El esquema consistía en que los consumidores pagaban una parte del bono y la administración cubría el resto mediante subvenciones canalizadas a través de ayuntamientos y entidades colaboradoras. Que ahora ese instrumento quede bajo sospecha judicial altera de manera profunda su lectura pública. Por ahora, el expediente sigue abierto y con diligencias reservadas. El caso además toca un programa particularmente sensible, porque los bonos consumo habían sido defendidos como una ayuda directa para sostener ventas, consumo y actividad en ciudades golpeadas por la caída del poder adquisitivo y por los efectos de la crisis pospandemia. La Justicia deberá determinar si las irregularidades detectadas configuran delitos y si hubo responsabilidades personales en la administración del programa. En ese contexto aparece mencionada la sociedad Nexo Alicante Retail S.L., creada por Facpyme, cuya actuación también forma parte del foco investigativo. La detención de Baño impactó de lleno en el escenario político y empresarial de Alicante, donde su figura venía ocupando un lugar central no sólo por su rol en la Cámara de Comercio, sino también por su gravitación en el tejido pyme de la provincia. Los investigadores de la UDEF, en concreto el grupo de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, buscaron documentación e información informática sobre la trazabilidad de esas ayudas, su gestión administrativa y el eventual destino de los fondos. El programa bajo sospecha había sido presentado en su momento como una herramienta para reactivar la actividad tras el golpe económico de la pandemia. La investigación intenta determinar si en ese circuito hubo irregularidades, si se produjo un eventual fraude en subvenciones y si alguna de las estructuras utilizadas para gestionar el sistema pudo haber servido para obtener beneficios indebidos con dinero público. Uno de los puntos que más interés genera en la causa es el papel de las entidades intermedias.
