La Audiencia Nacional de España ha dado un paso procesal significativo al tramitar una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, que dejó 45 muertos y cerca de 300 heridos. La Audiencia está evaluando si la imputación del ministro en estas diligencias es adecuada y el papel de la Fiscalía será clave en definir si se abre formalmente causa penal.
El accidente, ocurrido el 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha sido calificado como uno de los más graves en la historia ferroviaria reciente de España. El tramo siniestrado había sido objeto de una renovación en 2025 con una inversión pública millonaria, pero las investigaciones preliminares, incluidas inspecciones de infraestructura, aún no han determinado definitivamente la causa del siniestro.
Al mismo tiempo que se tramita la denuncia penal contra Puente, el Gobierno español ha aprobado medidas de apoyo financiero a las víctimas. Se estableció un fondo de ayudas por unos 20 millones de euros que contempla compensaciones inmediatas a las familias de los fallecidos y asistencia a los heridos para aliviar las consecuencias económicas de los siniestros de Adamuz y otro accidente ferroviario en Gelida, Cataluña.
El magistrado central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha incoado diligencias previas y remitido el expediente a la Fiscalía para que ésta se pronuncie sobre la competencia e informe sobre el eventual inicio de una investigación penal contra el titular de la cartera por presuntas responsabilidades en la tragedia. La denuncia fue presentada por la asociación cívica Libertad y Justicia, que considera que Puente puede tener responsabilidad penal por el accidente del tren de alta velocidad en Adamuz, donde un convoy de Iryo y otro de Renfe chocaron luego de que uno de ellos descarrilara en un tramo recto recientemente renovado.
El choque entre Gobierno y oposición se inserta en un momento de polarización política en España, agravado por el impacto simbólico y social de la tragedia ferroviaria. Este nuevo contexto judicial abre un desafío político para el presidente del Gobierno español, quien hasta ahora ha respaldado la continuidad de Puente en su cargo mientras se esclarecen los hechos, y podría enfrentar mayores tensiones internas si la Fiscalía apoya la apertura formal de una causa penal contra el ministro por su actuación en el accidente de Adamuz.
"La oposición ha puesto el foco en lo que considera contradicciones entre las declaraciones del titular de Transporte y algunos informes periodísticos sobre la renovación parcial del tramo afectado. El Partido Popular ha intensificado sus críticas, exigiendo su dimisión y señalando una supuesta falta de transparencia en la información brindada sobre el estado de las vías y las causas del accidente".
En total 45 personas fallecieron y casi 300 resultaron heridas, de los cuales 122 requirieron hospitalización, incluidos varios en estado crítico.
