UGT y Comisiones Obreras, por un lado, y la CEOE, por el otro, han expresado su preocupación por el cambio propuesto en el Estatuto de los Trabajadores, indicando que modificarlo de esta manera no debería basarse en intereses políticos y sin la participación de los agentes sociales.
La reforma plantea que los convenios colectivos autonómicos tendrán prevalencia sobre los estatales, lo que otorgaría a las regiones una mayor capacidad de regulación en las relaciones laborales. Sin embargo, esta medida podría afectar la unidad de mercado, un problema estructural que afecta la competitividad de la economía española.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado esta modificación junto a otras dos medidas en un contexto político importante. La reforma del subsidio de desempleo y la prohibición del despido por incapacidad son parte de las decisiones tomadas. Aunque la primera medida fue acordada en el diálogo social, la prevalencia de los convenios autonómicos ha generado rechazo tanto por parte de los sindicatos como de los empresarios.
La modificación del Estatuto de los Trabajadores contempla excepciones, como materias no negociables, y busca mantener el espíritu de igualdad laboral, según afirmó Díaz. El acuerdo con el PNV para incluir la prevalencia de los convenios autonómicos se ve como un avance para mejorar las condiciones laborales.
La reforma establece criterios para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. También incluye medidas como la sobrecotización para mayores de 52 años, la compatibilidad de prestaciones con el empleo, y evita que la incapacidad sea causa de extinción de contrato automáticamente. La normativa es parte de las acciones tomadas por el Ministerio de Trabajo para fortalecer su posición legislativa.
