Entre ellas, la toma de declaración de las denunciantes como testigos protegidos. El abogado de Julio Iglesias busca tener acceso a la denuncia y al expediente de la Fiscalía para decidir si emprende acciones legales contra las dos denunciantes, así como contra el medio que dio a conocer los hechos, Diario.es, y contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presunta vulneración de la presunción de inocencia del cantante, al acusarle de abusos sexuales y laborales. El letrado lleva tiempo reclamando el traslado de la denuncia desde que supo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había abierto estas diligencias de investigación preprocesales, y también solicitó, sin éxito, poder personarse en el procedimiento para ejercer la defensa del artista. Con este fin, ha argumentado que, al ser «un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros», como las propias denunciantes y, al menos, los medios eldiario.es y Univision Noticias, «se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado, don Julio Iglesias de la Cueva». A juicio del abogado, esto es «insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional». Un juzgado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha citado este viernes al abogado de Julio Iglesias y a la Fiscalía para decidir si el cantante puede demandar al Ministerio Público por su negativa a entregarle la denuncia y las diligencias de investigación, que acabaron siendo archivadas. El juzgado 5 de lo Contencioso-Administrativo ha convocado a ambas partes el 27 de marzo para una comparecencia urgente con el objeto de dirimir si los actos de la Fiscalía son recurribles o si, como sostiene el Ministerio Público, esta entidad no puede ser objeto de este tipo de demandas. El abogado, Jose Antonio Choclán, acudió a los tribunales tras la negativa reiterada de la Fiscalía a facilitar la denuncia, interpuesta por la asociación Women's Link Worldwide en nombre de las dos exempleadas. Asimismo, ha reclamado a la teniente fiscal Marta Durántez, investigadora del caso, las pesquisas que practicó antes de archivar el expediente por falta de competencia, ya que los hechos ocurrieron en República Dominicana.
